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El presente trabajo, analiza las razones jurídicas y políticas que conllevan al desconocimiento por parte de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2012), del derecho a la democracia participativa contenida en la Constitución venezolana de 1999. Se sostiene que tal violación, es consecuencia de una práctica sistemática basada en arbitrariedad legislativa, mediante la cual el parlamento, se subordina al poder ejecutivo nacional en la esfera de un régimen autoritario de estirpe patrimonialista, que privatiza las instituciones públicas para favorecer los intereses de la clase política que hegemoniza el poder de Estado. Se trata de un esfuerzo por develar las razones histórico-políticas que dan lugar a una Constitución material, fraguada conforme a un proyecto político que toma distancia axiológica de la Constitución formal. Se argumenta que la antinomia entre un tipo y otro de Constitución, produce a su vez un desgajamiento entre Constitución y Ley, pues esta última al ser la reproducción de un proyecto político-ideológico desentendido de la Constitución formal, hace de la arbitrariedad legislativa una práctica rutinaria que deriva en recurrente violación de los derechos humanos.

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Molina Graterol, Carlos Alberto
Antropólogo 1990, profesor agregado de la Universidad Central de Venezuela, Máster en Derecho Constitucional de la Universidad autónoma de Valencia, Espa¤a, 2014.Promotor de procesos de organización para la defensa colectiva de los derechos humanos, en barrios populares, pueblos indígenas y cárceles de Venezuela.

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